Examinando por Tutor "Luis Pinto"

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    El desconocimiento y desuso del contencioso administrativo de los servicios públicos por parte de usuarios particulares y comunidades vecinales
    (2020-10) Patricia Álvarez
    La nueva Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa de 2.010 incorpora innovadoramente las demandas por reclamación de los servicios públicos, que a su vez tienen fundamento en el artículo 259 de la Constitución de 1.999, y que permite a los vecinos de las comunidades controlar la calidad, oportunidad y la eficiencia en las prestación de los servicios públicos, ya que la ley otorga legitimación a las personas naturales y a los grupos vecinales organizados para demandar por ante los Juzgados Municipales de lo Contencioso Administrativo la falta del servicio, su retardo o su deficiencia en la calidad. Lamentablemente aún no se crean estos los tribunales especiales, por lo que su conocimiento compete actualmente a los juzgados ordinarios de Municipio; el problema es que estas acciones rara vez se presentan ante los tribunales debido al desconocimiento que tienen los concejos comunales y demás organizaciones, sobre los alcances de esta ley, y el Estado ha muy hecho pocos esfuerzos por difundir esa información.
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    El recurso de abstención en la jurisdicción contenciosa administrativa venezolana
    (2019-01) Hilario Perera
    La administración pública en el ejercicio de la llamada actividad administrativa es la encargada de producir actos administrativos o pronunciamientos plenamente determinados por la ley, ante la aparente inacción o inactividad de los funcionarios de la administración pública, los ciudadanos ante esta situación tiene como medio de defensa el recurso de abstención o carencia, medio por el cual el juez contencioso administrativo obliga el pronunciamiento o ejecución de una actividad de una autoridad administrativa ante la violación de un derecho particular, además de ser un recurso el cual los ciudadanos desconocen antes de intentar la acción amparo.
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    Excepción al carácter residual de la acción de amparo constitucional
    (2018-08) Jesús Marín
    El Amparo Constitucional es una acción destinada a la protección y resguardo de derechos fundamentales establecidos directamente en la Constitución, que se ha caracterizado por ser un medio extraordinario y autónomo a los demás procedimientos establecidos en la Ley. Entre sus rasgos más destacados resalta el carácter residual o subsidiario del mismo, es decir, el Amparo Constitucional está supeditado a la existencia de los medios ordinarios de acción judicial, o en su defecto, que los mismos sean agotados por el accionante para la protección del derecho constitucional vulnerado. No obstante, una vez vigente la Constitución de 1999, donde establece un Estado Social Democrático de Derecho y de Justicia, y los principios de tutela judicial efectiva, la relatividad de la norma jurídica y la protección efectiva de los derechos fundamentales, la Sala Constitucional y en general, la jurisprudencia, ha establecido la excepción al carácter extraordinario o residual del Amparo Constitucional aun cuando existan medios ordinarios de acción judicial o en su defecto, cuando los mismos no sean efectivos, idóneos y conducentes a la protección del derecho fundamental, en virtud de que la tramitación de los mismos causaría un daño irreparable a la víctima, por el supuesto de admisibilidad establecido. Corresponde al accionante generar la convicción al juez sobre la admisibilidad del medio procesal fundamental y las pruebas conducentes a demostrar que la utilización de los medios ordinarios de acción judicial no son efectivos para la protección de, bien jurídico fundamental tutelado. El amparo residual es una figura sentada en gran escala por la jurisprudencia con poco desarrollo doctrinario, mientras que en la mayoría de los Estados miembros de la comunidad internacional en Latinoamérica ostenta una mayor relevancia y profundización. En consecuencia, los requisitos y procedencia de la excepción al carácter residual del Amparo Constitucional han sido tipificados por la jurisprudencia nacional de manera fraccionada en el tiempo, por lo que el esclarecimiento y viabilidad de tal medio procesal fundamental es un verdadero reto para los operadores de justicia.
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    La ausencia e inoperatividad de los juzgados municipales de la jurisdicción contencioso administrativa
    (2021-01) Alejandra Marin
    La nueva Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa de 2.010 incorpora innovadoramente una multiplicidad de tribunales especiales que vienen a desconcentrar esta jurisdicción para hacerla más eficiente, mas celera y más cercana al justiciable. Se crean 4 tribunales nacionales, 23 tribunales superiores estadales y 335 tribunales municipales de la jurisdicción contencioso administrativa Sin embargo, aún no se han creado los tribunales municipales y ello ha originado algunos problemas dentro del sistema de justicia, ya que las competencias originalmente atribuidas a esos tribunales, las vienen asumiendo inapropiadamente los juzgados de municipio ordinarios. La presente investigación pretende identificar y analizar esos problemas, determinar la legislación aplicable a esos tribunales municipales, así como describir cual ha sido la evolución del sistema contencioso administrativo venezolano. Se trata de una investigación documental, de tipo descriptiva, en la que se propone presionar al Dirección Ejecutiva de la Magistratura para que de creación inmediata a esos tribunales, difundir en las comunidades organizadas las nuevas competencias que asumen estos tribunales en el orden de los servicios públicos, y formar, mientras se crean estos tribunales especiales, a los jueces ordinarios de municipio en el complejo y amplio sistema contencioso administrativo venezolano.
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    La centralización de las competencias legislativas en Venezuela en detrimento de las autonomías regionales
    (2020-11) Juan Vargas; Gabriel Durán
    La centralización de las competencias legislativas en detrimento del modelo federal venezolano es una tendencia que comenzó a consolidarse a partir del gobierno del general Juan Vicente Gómez (1908-1935), el último caudillo regional del país. La presente investigación documental, de tipo descriptivo, pretende analizar cómo está regulado constitucionalmente el modelo federal en la actual constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en qué términos se encuentra consagrada la autónoma legislativas de las entidades federadas en Venezuela , y como esa precaria autonomía doblita la de centralización nuestro modelo federal, llegándose a la conclusión de que las competencias legislativas concedidas a los estados miembros resultan muy precarias (apenas 11 aéreas, Art. 164 CRBV) , Mientras que la inmensa mayoría de la leyes formales son Nacionales o fedéralas (156 N.32), y más bien los municipios resultaron favorecidos en la distribución territorial de esas competencias
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    La vulneración del legítimo derecho a la defensa y demás normas del debido proceso en las actuaciones de los funcionarios de la Policía Municipal de San Diego
    (2020-03) Ana Vale
    El derecho al debido proceso y a la defensa exige que todo procedimiento regulado en la ley, se ajuste a las reglas básicas derivadas del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Igualmente, en el procedimiento de multa por infracción de tránsito no se puede desconocer las garantías procesales fundamentales de los administrados. El propósito de la investigación es Analizar el debido Proceso y la Vulneración del Derecho a la Defensa en las actuaciones de los funcionarios de la Policía Municipal de San Diego. En el ámbito metodológico, ésta investigación se ubica dentro de la modalidad de la investigación de campo de tipo descriptivo con apoyo documental. En cuanto al nivel de este estudio se catalogó como una investigación de naturaleza descriptiva y el diseño no experimental. La técnica empleada para la recolección de información con la observación directa y el conversatorio acerca del Procedimiento de Tránsito de la Policía Municipal de San Diego, Estado Carabobo. Se concluye que las discrepancias e inobservancias en el procedimiento de multa por infracciones de tránsito establecido en la legislación venezolana y el procedimiento llevado a cabo por los funcionarios de la Policía Municipal de San Diego, Estado Carabobo son producto del cierre temporal y reestructuración de la cual fue objeto ese cuerpo policial municipal y del desacato por parte de los ciudadanos a las normas de tránsito mínimas establecidas en la normativa legal.
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    Las demandas contencioso administrativas por prestación ineficiente de los servicios públicos: una vía judicial poco utilizada
    (2022-10-11) Miriam Ríos
    El contencioso administrativo de los servicios públicos es una acción judicial que se incorpora en la nueva Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa de 2.010, que a su vez tiene fundamento en el artículo 259 de la Constitución de 1.999, y que permite a los vecinos de las comunidades controlar la calidad, oportunidad y la eficiencia en las prestación de los servicios públicos, ya que la ley otorga legitimación a las personas naturales y a los grupos vecinales organizados para demandar por ante los Juzgados Municipales de lo Contencioso Administrativo la falta del servicio, su retardo o su deficiencia en la calidad. Lamentablemente aún no se crean estos los tribunales especiales, por lo que su conocimiento compete actualmente a los juzgados ordinarios de Municipio; El problema es que estas acciones rara vez se presentan ante los tribunales debido al desconocimiento que tienen los concejos comunales y demás organizaciones, sobre los alcances de esta ley, y el Estado ha muy hecho pocos esfuerzos por difundir esa información, El presente trabajo aborda y analiza esta problemática, dentro de una investigación descriptiva de tipo documental.
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    Las demandas contencioso administrativas sobre la deficiencia de los servicios públicos en Venezuela
    (2023-06-28) Miriam Ríos
    El contencioso administrativo de los servicios públicos es una acción judicial que se incorpora en la nueva Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa de 2.010, que a su vez tiene fundamento en el artículo 259 de la Constitución de 1.999, cuyo fin es el de permitir a los vecinos de las comunidades controlar la calidad, oportunidad y la eficiencia en las prestación de los servicios públicos, ya que la ley otorga legitimación a las personas naturales y a los grupos vecinales organizados para demandar por ante los Juzgados Municipales de lo Contencioso Administrativo la falta del servicio, su retardo o su deficiencia en la calidad. Lamentablemente aún no se crean estos los tribunales especiales, por lo que su conocimiento compete actualmente a los juzgados ordinarios de Municipio; el problema se presenta al tenor de que estas acciones rara vez se presentan ante los tribunales debido al desconocimiento que tiene la población y los funcionarios del sistema judicial, sobre los alcances de esta ley, aunado a que el Estado ha implementado muy pocos esfuerzos por difundir esa información. De tal manera, el presente estudio aborda y analiza esta problemática, dentro de una investigación descriptiva de tipo documental apoyado en la observación documental y hermenéutica jurídica como técnicas de estudio y análisis de la información.
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    Limitaciones al ejercicio de las competencias del Ministerio Público por parte de la Sala Constitucional
    (2019-05) Luis Salcedo
    La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, ha emitido una serie de sentencias de carácter vinculantes, delimitando la titularidad de la acción penal y restándole competencias al Ministerio Publico, debidamente establecidas en la Constitución y la Ley Orgánica del Ministerio Publico, denotando un conflicto de competencias entre de la Sala Constitucional y el Ministerio Publico. Indicando además, que la función de la Sala Constitucional es garantizar la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales, así como también velar por su uniforme interpretación y aplicación, siendo así pues en el caso de estudio la Sala Constitucional está actuando como legislador usurpando las funciones de un poder autónomo del Estado ya que el Ministerio Publico forma parte del poder ciudadano, marcando una pugna entre la Sala Constitucional y el Ministerio Publico. Es por ello que desarrollara esta investigación a través de una investigación documental, Mediante fases que permitirán el amplio desarrollo de la problemática que se plantea.
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    Situación de los derechos humanos de las personas transgéneros según el ordenamiento jurídico venezolano
    (2018-04) Melanie Espinal
    El propósito de este trabajo de grado se basó en analizar la situación de los Derechos Humanos de las personas transgéneros según el ordenamiento jurídico venezolano. Para ello se establecieron los siguientes objetivos específicos: 1. Describir la situación de los Derechos Humanos de las personas transgénero según el ordenamiento jurídico venezolano. 2. Identificar razones por la cual han sido discriminadas las personas transgénero y 3. Especificar estrategias para las posibles soluciones jurídicas que sirvan para las futuras modificaciones legislativas en cuanto al derecho de las personas transgénero. Por lo que se decidió realizar la siguiente interrogante: ¿Cuál es la situación de los Derechos Humanos de las personas transgéneros según el ordenamiento jurídico venezolano? En cuanto a la metodología empleada es de tipo histórico-interpretativo, que permitió cumplir con los objetivos del trabajo de pasantía. Finalmente se concluyó que, las personas transgéneros, son titulares de deberes y derechos como cualquier otro ciudadano de cualquier estado, ya que en atención al principio de igualdad debe ser tratado del mismo modo, sin tomar en cuenta su condición sexual ya que esta deviene del simple ejercicio del derecho al libre desarrollo de la personalidad y del derecho a la identidad, derechos fundamentales consagrados y resguardados por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999).